Por ajustada mayoría, el Tribunal Constitucional ha declarado ilegal el cierre del Congreso de los Diputados y del Senado durante los meses de confinamiento por el coronavirus.
La sentencia defiende que un estado de alarma «no puede en ningún caso interrumpir el funcionamiento de ninguno de los poderes constitucionales del Estado», especialmente el Parlamento, y que los partidos han visto «lesionando su derecho de participación política».
El 19 de marzo de 2020, la Mesa del Congreso dejó en pausa los plazos de las iniciativas parlamentarias. El Tribunal Constitucional aceptó a trámite el recurso presentado por Vox porque lo vio como una oportunidad para sentar un precedente a tener en cuenta en el futuro.