El teniente fiscal del Tribunal Supremo que investiga los fondos de Juan Carlos I en el extranjero informó al abogado del rey emérito de la apertura de diligencias de investigación en su contra en hasta tres ocasiones. El fiscal quería averiguar si debía interponer una querella o archivar las regularizaciones.
Dos de estos contactos se produjeron antes de la primera regularización fiscal de Juan Carlos I: una de ellas en junio y la siguiente en noviembre de 2020. En ambos casos se invitó al rey emérito a personarse en las diligencias, invitación que fue rechazada.
El 9 de diciembre, Juan Carlos I presentó una regularización fiscal supuestamente «sin requerimiento previo» de 678.393,72 euros. Poco después, en el mismo mes de diciembre, tuvo lugar una tercera invitación, que también fue rechazada, y después la regularización de 4,4 millones de euros.
El hecho de que estas notificaciones se produjeran antes de la regularización podría invalidar su razón de ser porque sí que habría «requerimiento previo».