El Gobierno ha conseguido aprobar por un voto a favor un decreto ley para mitigar la temporalidad en el empleo público. Los trabajadores interinos que ocupen una plaza pública podrán disponer de dicho puesto sin necesidad de aprobar una oposición.
Para ello, tendrán que haber desempeñado la función durante diez años y que esa plaza «nunca se haya convocado». María Jesús Montero, ministra de Hacienda y Función Pública, ha explicado que con esta ley se pretende «mejorar la figura del interino y dotarla de mayores derechos».
Función Pública ha calculado que la medida podría beneficiar a 300.000 interinos. Partidos en la oposición con diversas sensibilidades políticas la han criticado por considerarla «el mayor ERE de la historia».