La Ley de Memoria Democrática aprobada en Consejo de Ministros la semana pasada prevé que se extinga la Fundación del Valle de los Caídos. Esto significa que los monjes benedictinos tendrían que salir de la Basílica, aunque su prior confía en que dicha expulsión se retrase.
Quedan, eso sí, varias dudas por despejar, como quién se encargará de gestionar el templo, qué significa exactamente el término «resignificación», qué pasará con los cuerpos de los fallecidos ahí enterrados y muchos otros aspectos. En este sentido, la ley solo especifica que no puede haber «ningún cuerpo de los protagonistas en un lugar primordial».
Para seguir adelante, el Arzobispo de Madrid debería desacralizar el templo, algo que según el Derecho Canónico no compete a un Gobierno. Todo este proceso podría generar tensiones entre Ejecutivo e Iglesia. Fuentes de la Archidiócesis confirman que no se han producido contactos con el Gobierno.