Los principales partidos de la oposición, así como docentes y académicos, han criticado duramente la reforma de la Ley de Seguridad Nacional. Todos ellos ven en ella «importantes riesgos» que podrían desembocar en abusos de autoridad por parte de un Gobierno.
La reforma plantea que cualquier persona mayor de edad, empresa o entidad pueda ser obligada a realizar «prestaciones personales» a las autoridades cuando el país se encuentre en una situación «de interés para la Seguridad Nacional». Así, las autoridades podrían requisar temporalmente cualquier bien y suspender cualquier actividad.
De aprobarse la reforma, el Ejecutivo podría activar una suerte de estado de alarma sin contar siquiera con la aprobación del Congreso de los Diputados. Diversos catedráticos y profesores han advertido también una falta de concreción en la definición del texto cuando se refiere al significado de «crisis».