El Tribunal Constitucional ha anulado el impuesto de plusvalía municipal porque la manera en la que se calcula siempre determina un aumento del valor del inmueble, incluso si ese incremento no se ha producido.
El tributo lo vienen pagando, por ejemplo, los vendedores de un piso, los beneficiarios de una herencia o los receptores de una donación. Es un impuesto aplicado por los ayuntamientos, que van a ver drásticamente reducidos sus ingresos en el equivalente a unos 2.500 millones de euros. Madrid es la ciudad más afectada por la decisión del TC.
El Ejecutivo ya está preparando una reforma para que el impuesto pueda seguir aplicándose sin contradecir la normativa constitucional. Se trata de una reforma necesaria desde hace años, ya que no es la primera vez que el Tribunal Constitucional se pronuncia en contra de este impuesto.