Los casi 3,5 millones de trabajadores que cesaron en sus empleos en algún momento durante la pandemia se encontrarán con dos pagadores: su empresa y el servicio público de empleo (SEPE). Los expertos auguran que si los ingresos anuales procedentes de dos pagadores superan los 14.000 euros, tendrán que presentar declaración.
A ello se unen los errores en las prestaciones que el SEPE cometió por la avalanchas de solicitudes durante el 2020, incluyendo nóminas excesivas que no en todos los casos ha recuperado y regularizado.