País Vasco, Castilla y León, Galicia y Castilla-La Mancha han pedido que se amplíe el estado de alarma más allá del 9 de mayo.
Por su parte, Catalunya prepara un decreto para mantener el toque de queda con tutela judicial una vez que decaiga la norma estatal. La Generalitat tiene ya preparada una modificación para reforzarse ante el Tribunal Superior de Justicia en el caso de querer mantener restricciones.
El estado de alarma era la llave para aplicar el grueso de las medidas más duras de forma ágil y sin pasar por los tribunales, una condición fundamental cuando se trata de activar restricciones que afectan a derechos fundamentales.
Muchos expertos temen que si se repiten las escenas del verano pasado, con los vaivenes jurídicos y el retraso en la toma de medidas, la curva de la epidemia podría empeorar.