El Tribunal Constitucional debate esta semana si el estado de alarma decretado en marzo de 2020 fue inconstitucional. A petición de Vox, los magistrados revisarán si las restricciones a la movilidad aplicadas por el Ejecutivo coartaron derechos elementales de las personas recogidos en la Constitución.
La ponencia del Constitucional estudiará si la herramienta jurídica más apropiada debería haber sido el estado de excepción. Los magistrados que no están de acuerdo con esta hipótesis argumentan que los trámites para decretar el estado de excepción podrían haber llevado semanas, algo incoherente con la urgencia de la situación.
Por otro lado, el estado de excepción puede aplicarse solamente durante un mes. Sí existe la posibilidad de prórroga, pero únicamente durante otro mes más, por lo que el estado de excepción no habría sido suficiente para abarcar el tiempo que duraron el confinamiento y las restricciones más severas.