Multitud de fuentes legislativas apuntan a que el Tribunal Constitucional podría anular el segundo estado de alarma, así como la pausa en la actividad del Parlamento durante el confinamiento. Estas decisiones, que se esperan para el 5 de octubre, supondrían un nuevo varapalo judicial a las medidas tomadas por el Ejecutivo.
El Gobierno, por su parte, utilizará unos argumentos similares a los que ya usó en el anterior recurso. El más significativo es que con estas medidas se salvaron vidas. Pero también apelará a que el segundo estado de alarma fue aprobado con una mayoría de 194 votos a favor.
La formación política Vox, que presentó el recurso, se ha quejado de que la Abogacía del Estado no está presentando todos los informes que el partido ha solicitado. El objetivo, asegura el partido, es que su petición aparezca como «contestada» por los abogados, cuando podrían haberse omitido documentos importantes.