Sin estado de alarma, los gobiernos aurnómicos carecerán de amaparo legal para decretar el toque de queda e imponer otras restricciones a la libre circulación de personas sin contar con una autorización judicial.
El nuevo escenario anticipa recursos en los tribunales a las medidas de control contra el coronavirus y elimina los parámetros comunes para toda España, dejando a las comunidades autónomas más libertad para diseñar sus medidas, pero sin capacidad legal para imponerlas.
Diversos líderes autonómicos han reclamado al Gobierno una ley nacional que permita restricciones sin recurrir al estado de alarma o la creación de sus propias normas autonómicas. A partir del 9 de mayo, la ‘Ley de Nueva Normalidad’pasará a ser el principal instrumento legal contra la pandemia.