La exministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, se ha negado a explicar quién dio la orden de que el control de pasaportes no comprobara la documentación de Brahim Ghali. Para ello se ha acogido a la Ley de Secretos Oficiales, ya que se trató de una decisión política.
González Laya ha explicado también que no se pidió a Ghali el pasaporte porque estaba en un estado de inconsciencia por estar enfermo de covid-19. Además, según la exministra, fue un tercer país el que solicitó a España que acogiera al líder del Frente Polisario por razones humanitarias.
Por otro lado, el juez Pedraz ha considerado que las acusaciones de genocidio contra Ghali habrían prescrito, razón por la que no procesará al líder del Frente Polisario. Los hechos por los que se le acusaba tuvieron lugar entre 1974 y 1990, lo que el Código Penal considera como prescritos.