Maleno se convirtió en una de las principales voces en defensa del derecho a la vida de las personas migrantes en el Reino Alauí. La activista responsabiliza al Ministerio del Interior y, en concreto, a la Policía Nacional española, de orquestar una campaña de criminalización contra ella «durante años» que ha conducido a su expulsión.
Según el colectivo Caminando Fronteras, “el compromiso de Maleno ha permitido salvar la vida de más de 100.000 personas migrantes en nuestras fronteras».
La andaluza ha recibido más de 20 premios de derechos humanos nacionales e internacionales.
Diversas ONGs han pedido a Pedro Sánchez «un reconocimiento público de su labor” y su «impacto positivo» para la democracia y el Estado de Derecho.